Cuando a Marianela le dieron el alta el análisis de Covid-19 le dio positivo; desde el 20 de enero está aislada en la escuela 319 donde debe cumplir cuarentena.

El caso es uno de los que integra la primera medida cautelar presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la situación que se vive en Formosa.

La hicieron Bases Republicanas y Cadal, dos organizaciones de la sociedad civil por entender que los habitantes de la provincia son "víctimas de múltiples violaciones a sus derechos humanos" originadas en las medidas de aislamiento obligatorio en centros estatales dispuestas por la administración de Gildo Insfrán.

Jimena de la Torre, presidenta de Bases Republicanas, sostuvo ante LA NACION que las condiciones de los centros de alojamiento preventivo son "inaceptables" y con "indignas condiciones de salubridad, edilicias" además de que "hay maltrato".

La cautelar es en beneficio de quienes están alcanzados por Programa de Ingreso Ordenado y Administrado formoseño; se prepara otra a favor de quienes todavía tienen problemas para ingresar a la provincia por las condiciones exigidas.

En la misma línea, en la presentación realizada por Negri y Naidenoff, los legisladores solicitan que "se pueda realizar cuarentena en cada domicilio particular" y que "se garanticen derechos fundamentales", dado que en los centros de aislamiento "no se cumplen con las condiciones mínimas de salubridad, higiene y confort".

Entre las exigencias dispuestas por Naidenoff y Negri, se solicita a la CIDH que interpele para que "cese la omisión de los derechos fundamentales"; "la provincia de Formosa se abstenga de alojar de manera compulsiva a las personas con Covid-19 en los centros de aislamiento", y "se constate in-situ la vulneración de derechos en los centros".

En ese momento le informaron que debían ingresar a un centro de alojamiento para cumplir una cuarentena obligatoria de 14 días, fueron trasladados a la Escuela Especial 1 de la capital, podrían dejar el lugar después dos tests negativos.

Tras su liberación, la concejal de Formosa dijo que los centros de aislamiento "son una cárcel".

Según consta en la cautelar, el 15 Navarrete "pudo comprobar en la página oficial de la Provincia de Formosa se había consignado información falsa respecto de los testeos realizados a su hijo".

En la cautelar se insiste en que los lugares de alojamiento no tienen condiciones de higiene y en que sus instalaciones son "precarias, configurando un cuadro de situación que pone en peligro su vida y su integridad personal, como así también de las miles de personas que aguardan el ingreso a la Provincia de Formosa"

Las organizaciones civiles piden a la CIDH que dicte una medida cautelar que obligue al Estado argentino y a Formosa a cumplir con los "estándares de derechos humanos previstos" en el ordenamiento interamericano y que se garantice que la cuarentena obligatoria se cumpla en los domicilios particulares o "en lugares específicamente acondicionados para el alojamiento de personas, que cuenten con toda la infraestructura necesaria, en condiciones de seguridad y salubridad"

También se solicita que se garantice que "se priorice el derecho a la reunificación familiar y el resguardo de los derechos del niño, de las mujeres, de los ancianos y de las personas enfermas" y que "el período de cuarentena obligatoria no exceda los 14 días corridos"